El PSOE acabó con la “memoria histórica” del más bello Teatro de la Hispania Romana

02.01.08 | 02:00. Archivado en Cultura

Baltasar Bueno (Vh).- En pocos días más, el Tribunal Supremo resolverá definitivamente sobre la ejecución de la sentencia que obligará a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Sagunto a demoler las ilegales obras hechas en el Teatro Romano de Sagunto y restituirlo a como se encontraba el día anterior al inicio de éstas, con lo que el PSOE consiguió destruir la “memoria histórica” de una ciudad que fue famosa en las épocas de la Grecia y Roma clásicas.

Ahora, cuando el PSOE acaba de aprobar en el Congreso de Diputados la Ley de la Memoria Histórica, su partido en Valencia puede que se vea obligado a restituirla en su vertiente patrimonial, arqueológica y arquitectónica, al concluir un largo proceso judicial que ha llevado en solitario, para vergüenza de autoridades, instituciones y entidades culturales valencianas, una sola persona, el abogado Juan Marco Molines, que ha invertido en el procedimiento toda su salud y fortuna.

Sólo una persona ha tenido la dignidad y el honor de actuar en consecuencia a sus creencias y amor por el patrimonio. El letrado valenciano comenzó su quijotesca actuación en los tribunales el año 1990 y no será hasta dentro de poco, cuando después de 18 años de pelear y obtener la razón siempre en los tribunales, cuando, si nada se tuerce, pueda ver la luz del túnel definitivamente y se haga justicia.

La legalidad del artículo 39 de la Ley 16/1985, de 25 de julio, del Patrimonio Histórico Español fue totalmente violentada y quebrantada por quienes autorizaron y perpetraron las obras de “rehabilitación” del Teatro Romano de Sagunto, cuya ilegalidad fue contundentemente declarada por los 21 Magistrados que integraron el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y posteriormente por el Tribunal Supremo.

Fue el PSOE, instalado en el Ayuntamiento de Sagunto y en la Generalitat Valenciana, el responsable político de la destroza y sepultura de las valiosas ruinas arqueológicas del Teatro Romano, atentado cometido en aras de recuperar para el recinto su “modernidad y funcionalidad”.

El experimento realizado en Sagunto no se ha hecho en ninguno de los teatros que construyeron en su época los romanos cuando colonizaron distintas regiones ribereñas del Mediterráneo, en Europa y norte de África. El ejemplo más clarividente que encontramos en Europa de salvación de ruinas romanas lo tenemos en el Coliseo de Roma, y en España es excelente el ejemplo del Teatro Romano de Mérida.

Casos más cercanos de recuperación y no ocultación ni destroza de Teatros Romanos los tenemos en Zaragoza, Cartagena y Tarragona, donde se ha aplicado con destreza las normas y tecnologías de restauración arqueológicas, y se ha respetado escrupulosamente la Ley de Patrimonio, que transfiere a las Comunidades Autónomas las competencias sobre tutela, conservación y protección del patrimonio histórico artístico existente en el territorio de su jurisdicción.

El Teatro Romano de Sagunto era uno de los más bellos monumentos de la Hispania Romana, que fue declarado de especial protección por las Cortes de Cádiz en 1811, entregado a la Academia de la Historia en 1858 y elevado a rango de Monumento Nacional el 26 de agosto de 1896.

Hasta los años 50 del pasado siglo no comenzaría a hacerse en el Teatro ninguna intervención restauradora o recuperadora en sus ruinas. Hubo pocas actuaciones y no muy acertadas.

En 1984, en plena euforia del gobierno socialista, la Conselleria de Cultura, mandada por Ciprià Ciscar, encarga al arquitecto italiano Giorgio Grasssi y al valenciano Manuel Portaceli el proyecto de reutilización del Teatro Romano. Para justificar su agresiva e ilegal intervención, Portaceli proclamó su famosa frase de que el Teatro “era una castaña” y Grassi dijo ser “una ruina artificial”.

Ciscar pretendía hacer allí un teatro cómodo, con todo tipo de tecnología, con la finalidad de que se pudiera representar obras en el lugar, lo cual siempre se había hecho hasta el día antes de comenzar las devastadoras y vandálicas obras.

Conselleria de Cultura, juntamente con el Ayuntamiento de Sagunto, autorizaron las obras, según proyecto que presentaron los autores, sin tener en cuenta lo que claramente especifica el artículo 39 de la Ley de Patrimonio, que en su punto número 2, textualmente, dice: “En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitará los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilice partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad…”.

El PSOE, ensoberbecido y radicalizado por haber tocado el poder después de tantos años de franquismo, puso en marcha su rodillo, como en tantos otros ámbitos y lugares donde alcanzó gobernar, y se saltó la Ley a sabiendas con tal de lograr sus pretensiones: hacer un nuevo teatro, un teatro moderno sobre el existente, que se había salvado en parte tras dos mil años de historia y avatares.

Grassi y Portaceli defendieron que no querían una “restauración mimética”, como si ellos fueran la encarnación de la Ley e impusieron su alucinante y fantasioso proyecto sobre cualquier criterio científico o legal restaurador y en contra de la inmensa mayoría de los expertos en arqueología. Prefirieron su capricho a la autenticidad histórica.

El salvaje atentado perpetrado contra el Teatro Romano de Sagunto fue fruto de la alucinante visión de la historia y lo histórico del dúo Grassi-Portaceli, su falta de respeto por las venerables ruinas y de la incultura de un Conseller y Gobierno socialistas de la Generalitat, que creyeron que así se estaba a la moda del tiempo.

Como bien reflexionó el arquitecto Javier Domínguez en su discurso de ingreso como académico de número de la Real Academia de Cultura Valenciana, el 23 de mayo de 1996, el caso del Teatro Romano fue un problema “más cultural que arquitectónico, más ideológico que técnico. Porque en el fondo ‘la intervención’ de Sagunto ha significado la primacía de los valores puramente visuales y literarios de la ‘modernidad historicista’ de Grassi frente a los contenidos históricos, documentales y arqueológicos del monumento, al que se ha privado de sus atributos formales más sustantivos como ‘memoria histórica’ de una civilización”.

Y concluía: “Para garantizar ‘la vida’ del teatro Romano no era necesario su disfrute comercial con representaciones escénicas y folclóricas, ya que su valor como testimonio histórico permitiría siempre su papel pedagógico y cultural. Y por ello era tan importante respetar su identidad arquitectónica estableciendo unos límites entre ‘la reconstrucción creativa’ y ‘la restitución arqueológica’y parodiando a Ruskin ‘otra época podría darle otra alma, pero esto sería un nuevo edificio’”.

baltasarbueno@valenciahui.es

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